El Pleno del Congreso, pese al voto en contra del PP y de Ciudadanos, ha aprobado tomar en consideración la proposición de ley para el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para las familias sin recursos, procedente de una iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por los sindicatos CCOO y UGT.
Todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP y Ciudadanos que consideran «inasumible» la cuantía de la renta, han dado luz verde a la toma en consideración de la iniciativa, para la que los sindicatos recabaron más de 700.000 firmas, con lo que inicia ahora su tramitación y se abre un periodo de enmiendas.
En concreto, el Pleno de la Cámara Baja ha aprobado la toma en consideración con 176 votos a favor, y 163 votos en contra. En diciembre ya aprobó una moción del PSOE que reclamaba un ingreso mínimo vital para los desempleados sin prestaciones.
Durante el debate, el portavoz de Empleo del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, se ha encargado de defender la iniciativa, que ha calificado «de alcance, sumo interés y relevante» la proposición de ley para establecer un ingreso mínimo que asegure una «vida digna» y cubrir una «carencia seria» y una «insuficiencia grave» en el sistema público de protección social para los que han agotado todas las ayudas posibles, de forma que se consiga tener «un país decente». [Solicita información sobre cursos de formación a distancia]
En este sentido, ha recordado que hay 1,4 millones de familias con todos sus miembros activos en paro, 700.000 familias sin ingresos, seis millones de trabajadores pobres con sueldos inferiores al SMI, tres millones de personas bajo el umbral de la pobreza, 3,5 millones en pobreza severa y dos millones de niños pobres.
Simancas, que ha anunciado la intención del PSOE de que se incremente la prestación por hijo a cargo durante la tramitación de la ley, ha defendido la viabilidad económica de la iniciativa si se comparan los 12.000 millones que conllevaría con los 40.000 millones del rescate bancario, o los 30.000 millones que suponían las prestaciones por desempleo en 2011 y los 18.000 millones que representan en la actualidad.
La proposición de ley busca fijar una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para más de 2,4 millones de personas sin recursos, que se prolongaría mientras el beneficiario carezca de empleo y de recursos económicos y supondría un gasto total de más de 11.000 millones de euros. Comprueba la guia de prestaciones por desempleo, subsidios y otras ayudas para parados que existen en la actualidad.
¿Cuáles son los requisitos para optar a la Renta Mínima?
En concreto, los requisitos de los beneficiarios son tener entre 18 y 65 años, encontrarse en situación de no ocupado, no percibir prestaciones por desempleo, que la renta per cápita sea inferior a 5.837 euros anuales y carecer de ingresos individuales y de los miembros de la unidad familiar establecidos en el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
La cuantía de la prestación estaría en el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y que se complementaría con una dotación anual en los Presupuestos Generales del Estado en función de las cargas familiares.
Para poder sufragar el importe total de la prestación se necesitarían casi 12.000 millones de euros, lo que supone el 1,1% del PIB, mientras que el coste derivado de los complementos por familiares a cargo se situaría entre el 0,2% y el 0,4% del PIB.
En declaraciones a los periodistas al término del debate, al que han acudido, los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, han mostrado su «satisfacción» por el respaldo de la mayoría del Congreso a su iniciativa legislativa popular (ILP) para garantizar la renta mínima, si bien han criticado la «falta de sensibilidad» y la «desvergüenza» de los argumentos dados por el PP y Ciudadanos para rechazarla y han exigido que no haya «filibusterismo parlamentario» para retrasar o torcer la iniciativa.
Los sindicatos han afeado la ausencia de todos los miembros del Gobierno al debate y han tachado de «cinismo absolutamente insoportable» el rechazo de Ciudadanos a la ILP cuando antes solicitaba que se bajase el número necesario de firmas para poder presentar una.
Para las organizaciones sindicales sería una «buena noticia» que se introdujesen modificaciones durante la tramitación de la proposición de ley con el fin de «mejorar» su contenido.
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