Esta situación se agravará a partir del segundo semestre del año, dado que el número de funcionarios podría disminuir. El retraso podría llegar a ser, incluso, de tres meses, según ha explicado este miércoles en rueda de prensa el secretario de Administración General del Estado de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en la provincia, Germán García, quien ha aseverado que la situación de los trabajadores de este sector en Málaga es «desoladora».
Actualmente, la provincia cuenta con unas 20 oficinas del INEM, en las que trabajan alrededor de 365 empleados públicos. Sin embargo, las previsiones a partir de julio es que no se realicen contrataciones y que disminuya la plantilla, bien por la finalización de los contratos de interinos en julio o bien por una posible reducción del empleo público, que afectaría a casi una treintena de interinos que están en plazas que no se cubren por concurso.
Esto significaría que, a partir del mes de julio, todos los servicios públicos de empleo estatal en la provincia estuviesen atendidos por sólo 300 personas, provocando una demora en los reconocimientos de los expedientes de los ciudadanos y en las prestaciones a las que tienen derecho, ha alertado.
Y es que, «a menor número de funcionarios, si hay más demanda de usuarios en la prestación, lógicamente, los expedientes sufren una demora en todas las tramitaciones, no porque el empleado público deje de hacer bien su trabajo, sino porque llega un momento en el que no da a basto», ha precisado García.
El retraso en el cobro de las prestaciones también es consecuencia del sistema de cita previa implantado en las oficinas del INEM, pues, aunque es cierto que ha reducido las colas, ha originado una demora de entre una y dos semanas en la atención de las personas. Ello, unido al tiempo necesario para la tramitación de cada expediente, ha provocado que el beneficiario tenga que esperar casi un mes para recibir la ayuda.
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