Si se cumple lo manifestado por Corbacho, obtendrían la ayuda de 420 euros todos aquellos que se encontrasen sin ingresos desde el pasado 1 de junio en lugar de la fecha actual del 1 de agosto. De hecho, el ministro afirma que esa fue la fecha en principio propuesta por los sindicatos en la mesa del diálogo social. «En su momento se contempló que entrara en vigor a principios de junio. Al no dar frutos el diálogo social, el Gobierno tomó como referencia la entrada en vigor a partir de la aprobación con unos días de retroactividad».
Sin embargo, el titular de Trabajo sostiene que el margen de presupuesto es muy bajo ya que costará 100 millones de euros cada mes que la medida pueda ser ampliada, con lo cual parece difícil que se cumpla la posibilidad de pagar a todos aquellos que dejarán de percibir la prestación desde el 1 de enero, tal y como solicitaron ayer los sindicatos y algunos partidos políticos.
Corbacho ha adelantado que «hora se trata de ver la opinión de los sindicatos y los grupos parlamentarios, pues han considerado que el real decreto tendría que haber hecho un reconocimiento anterior al 1 de agosto. Hay que verlo en el contexto presupuestario».
Sobre la frustración que han vivido miles de parados que no se pueden acoger a la nueva ayuda, el responsable del gobierno se ha limitado a contestar que «éramos conscientes de que había gente que habría perdido la prestación y no tendría forma de acogerse a la nueva».
