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Nº Parados 14/11/2018

SEPE
3254703
EPA
3490100

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Esta cartera de servicios estaba prevista en la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016. Su objetivo es garantizar la igualdad de acceso de todos los ciudadanos y exige que todas las oficinas orienten de manera personalizada a los parados y se sometan a una evaluación por parte del sistema nacional, que condicionará el reparto de parte del presupuesto dedicado a las políticas activas de empleo.  

El Real Decreto por el que se establece la cartera común de servicios que deberán prestar las oficinas públicas de empleo entra en vigor este viernes, 6 de febrero, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).



Según consta en el Decreto, estos servicios deberán ser suficientes para permitir a los demandantes de empleo dar cumplimiento a lo previsto en sus itinerarios personalizados de inserción, así como a las exigencias del compromiso de actividad. En definitiva, se trata de unificar la atención al ciudadano en todas las comunidades autónomas.

Los usuarios tendrán derecho a recibir esos servicios de forma personalizada. En este sentido, las oficinas autonómicas deberán configurar itinerarios adaptados a la hora de orientar a los desempleados. También tendrán que ayudar en las labores de intermediación y emparejamiento de ofertas y demandas de empleo, asesorando a las empresas. Y, de igual manera, todas las oficinas estarán obligadas a prestar asesoramiento a los autónomos para el emprendimiento y el autoempleo.

Por otro lado, el Real Decreto prevé que los servicios autonómicos de empleo ayuden en el ámbito de la formación, incluyendo el desarrollo de la cuenta de formación asociada a la de la Seguridad Social, que tendrá certificada toda la formación del trabajador.

Además, partiendo de esa cartera básica, cada comunidad autónoma podrá ampliar, si lo estima oportuno, la cartera de servicios en la manera que considere.

Uno novedad interesante es la introducción del control y evaluación del gasto en políticas activas de empleo. En este sentido, el ejecutivo ha recordado que el 60% de los recursos que se destinen a estos fines a lo largo de este año se repartirán en función de los resultados obtenidos durante el año anterior.

Para 2015, el Gobierno ha dispuesto 4.763 millones de euros, de los que 2.082 millones, el 43%, se destinarán a formación, 1.500 millones de euros a la bonificación de la contratación, 251 millones para la orientación de parados en los servicios públicos de empleo autonómicos y 100 millones de euros para su modernización.


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