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Nº Parados 12/12/2018

SEPE
3252867
EPA
3490100

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La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ha abierto una investigación de oficio ante el Banco de España y ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sobre los seguros de desempleo y vida que nos obligan a firmar algunas entidades crediticias ligados a la concesión de hipotecas.  

Según se informa desde este organismo, se analizará la inoperatividad -denunciada por los ciudadanos- de los seguros de desempleo o vida que se han visto obligados a suscribir para acceder a un crédito hipotecario, con compañías aseguradoras que pertenecen al mismo grupo financiero que las entidades que les conceden el préstamo.



El actual contexto de crisis económica ha motivado la llegada de diversas quejas a la institución, que relatan la situación de ciudadanos que, tras haberse quedado sin empleo, han solicitado a las compañías la aplicación de la cobertura del seguro por desempleo y se les ha denegado.

El motivo que alegan las aseguradoras para no indemnizar es que los clientes carecen de un contrato laboral indefinido, lo que al parecer era un requisito de la póliza. La Defensora recuerda que las primas de dicha póliza son elevadas, al estar calculadas en función del préstamo concedido o de las cuotas mensuales.

Por otro lado, ha recibido también quejas de funcionarios y militares a los que las entidades bancarias han obligado a suscribir un seguro de vida y de desempleo ligado al préstamo hipotecario, a sabiendas de que no es probable que se queden sin trabajo.

En el caso de los militares, incluso, al tener un empleo de riesgo se les excluye de la cobertura de fallecimiento del seguro de vida.

Estos clientes, al conocer que no existe la posibilidad de cubrir la contingencia de desempleo, y la de fallecimiento en el caso de los militares, consideran que no ha existido una información clara, ajustada y transparente por parte de las entidades bancarias, por la falta de interés asegurable.

Por ello, han pedido a las compañías de seguros la anulación de las pólizas y la devolución de las primas abonadas, solicitud que está siendo rechazada, produciéndose un “enriquecimiento injusto”, según la Defensora, de las compañías aseguradoras pertenecientes a las mismas entidades bancarias, que no han corrido ningún riesgo.

A juicio de la Oficina del Defensor del Pueblo no parece posible que las entidades bancarias excusen falta de conocimiento de la situación laboral de sus clientes, pues entre la documentación necesaria para conceder los préstamos hipotecarios se encuentra el contrato de trabajo o similar.

Por tanto, según este organismo, sabrían antes de obligar a suscribir las pólizas de seguro que no se cumple el requisito fundamental para desplegar la cobertura, el contrato laboral indefinido, lo que provoca la ausencia de interés asegurable. Además, esta opina que podría existir un conflicto de intereses por pertenecer tanto las entidades bancarias como las compañías aseguradoras al mismo grupo financiero.

Por ello, insta al Banco de España y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones a que informen sobre si tienen conocimiento de este problema, así como del número de reclamaciones que han recibido por este motivo y las soluciones aportadas.

A la oficina del Defensor del Pueblo le interesa también conocer las medidas previstas por la Administración para evitar que estas prácticas se sigan produciendo, dadas las consecuencias económicas negativas para los clientes. Con esta investigación, además, la defensora pretende averiguar si esta situación se ha generado también con compañías de seguros independientes de las entidades bancarias.


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