El Tribunal Constitucional ha dado su aval definitivo a la reforma laboral que el gobierno aprobó en 2012, al rechazar los recursos que, contra esa ley, presentaron el PSOE e IU. En su sentencia, el tribunal ha rechazado esos recursos por nueve votos a tres, al estimar que, en contra de lo que alegan estos partidos políticos, la reforma no vulnera el papel institucional de las organizaciones sindicales y empresariales ni derechos como la libertad sindical o la negociación colectiva.
Ambos partidos consideraban además que la normativa atentaba contra el derecho al trabajo, el derecho a la tutela constitucional y a la tutela judicial efectiva.
Con esta decisión, el Tribunal mantiene la postura que ya mostró en julio, al rechazar también un recurso del Parlamento de Navarra contra varios aspectos de la ley.
En aquella ocasión, el Constitucional acabó dando su visto bueno al año de duración para el contrato indefinido de apoyo a emprendedores. También se consideró constitucional entonces el llamado descuelgue del convenio colectivo: es decir, la posibilidad de que los trabajadores y el empresario negocien sobre la no aplicación del convenio colectivo en algunos aspectos concretos; así como la prevalencia, según las circunstancias, de la aplicación de los convenios de empresa sobre los sectoriales.