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Nº Parados 10/12/2018

SEPE
3252867
EPA
3490100

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Era un mérito trámite puesto que el decreto que regula la nueva ayuda para los desempleados de larga duración con cargas familiares ya está en vigor y de hecho, ya os informamos que se puede solicitar desde la semana pasada. El caso es que el asunto se ha debatido en el Congreso de los Diputados donde se ha convalidado esta medida con el apoyo de 299 diputados, entre ellos los del PP y del Psoe.  

El pleno del Congreso ha ratificado el Real Decreto que regula este plan con 299 votos a favor, 20 abstenciones y 9 votos en contra.



La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha recordado que la ayuda beneficiará a casi 450.000 parados y ha garantizado que las CCAA contarán con todos los recursos necesarios para la activación de este programa, que tendrá un coste económico para el Estado de 1.000 millones de euros.

“Es un esfuerzo decidido e importante”, ha dicho Báñez, al tiempo que ha afirmado que “hay que estar más cerca de aquellos que lo tienen más difícil y son más vulnerable frente al desempleo”.

Ha resaltado la novedad de que el plan asigne al beneficiario de la prestación un tutor que debe elaborar un itinerario individual y personalizado en el plazo de un mes desde la solicitud de admisión.

“Cualquier beneficiario contará con una persona de referencia capaz de guiarle del desempleo al empleo”, ha aseverado.

La ministra también ha valorado que este plan sea fruto del trabajo “responsable” entre el Gobierno central, las CCAA y los agentes sociales.

Asimismo, se ha referido a la posibilidad de que la ayuda sea compatible con el trabajo por cuenta ajena, a tiempo completo o parcial, y de duración indefinida o temporal, hasta un máximo de cinco meses, siempre que se desarrolle en empresas o entidades que no formen parte del sector público.

La mayoría de los grupos políticos ha votado a favor de este programa aunque han criticado que la ayuda sea “insuficiente”.

El diputado del PSOE Rafael Simancas ha aseverado que este decreto es un “pequeño pasito adelante” pese a que sea “tardío y electoralista”, ya que ha dicho que “si alivia la situación de una sola familia española” el PSOE no se va a oponer.

Ha criticado que se trate de unas ayudas “muy limitadas” y ha lamentado la reducción del presupuesto para prestaciones sociales.

Desde UPyD, Álvaro Anchuelo ha valorado la creación de este programa ante la caída de la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo, aunque ha criticado la “insuficiente” cuantía y duración de la misma.

El diputado de CiU Carles Campuzano ha destacado su voto a favor, pero ha criticado que se trate de un “parcheo” ante el número significativo de hogares que viven sin ningún tipo de ingresos.

Por su parte, Emilio Olabarría, del PNV ha acusado a Báñez de “oscurecer la naturaleza” de la nueva ayuda para vulnerar competencias de las CCAA y ha recordado que Gobierno español “no puede subordinar competencias autonómicas a las estatales y tampoco puede examinarlas o someterlas a control de ninguna naturaleza”.

El diputado de Izquierda Plural Joan Coscubiela ha asegurado que el Gobierno “ahorra en desempleo” y ha reducido la cobertura por desempleo y la “calidad” de estas prestaciones, al tiempo que ha acusado a la ministra de engañar porque es “imposible” que cada parado tenga un tutor personal.

Desde el Grupo Mixto, el diputado de Compromís-Equo Joan Baldoví, ha dicho que es un “remiendo” que no llegará a los parados que lo necesitan porque los requisitos son una “carrera de obstáculos” y el diputado de ERC Joan Tarda ha exhibido una camiseta verde de la empresa Bosal, que ha presentado concurso de acreedores y dejará en el paro a 222 personas como crítica a la gestión del Ministerio de Empleo.

El diputado de Amaiur Sabino Cuadra ha dicho que estas ayudas son para la patronal ya que los empresarios pueden descontar del sueldo la subvención si el beneficiario tiene un contrato de trabajo.

La ayuda del Programa de Activación para el Empleo se puede solicitar desde el 15 de enero y permanecerá activa hasta el 15 de abril de 2016.

El cobro de 426 euros tiene una duración máxima de seis meses y su cuantía será igual al 80 % del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual vigente en cada momento.


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