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El 90% de las sanciones a parados fueron por no sellar la cartilla

Según la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, no renovar una demanda, no comparecer a requerimiento del Servicio Público de Empleo Estatal o Autonómico, no devolver un justificante de comparecencia a la oferta de empleo y el incumplimiento del compromiso de actividad supone una infracción leve y lleva aparejada la pérdida de un mes de la prestación si es la primera infracción.

 

En una nota, el Ministerio explica que por esos conceptos sancionó el año pasado a 255.598 personas.

 

Por su parte, las sanciones graves son las que se derivan del rechazo de una oferta de empleo adecuada o de la negativa a realizar trabajos de colaboración social, acciones de promoción, formación o reconversión profesionales; así como a participar en programas de empleo.

 

Al respecto, Trabajo explica que por estos motivos sancionó a 7.443 beneficiarios.

 

Tanto en el caso de las sanciones leves como las graves, las pérdidas de la prestación van aumentando en caso de reincidencia por períodos de 3 meses, pudiendo llegar a su extinción.

 

Esto no sucede con las infracciones muy graves, que conlleven la supresión de la prestación.

 

La legislación fija como sanciones muy graves la actuación fraudulenta para obtener prestaciones indebidas, compatibilizar el cobro de prestaciones o subsidios con trabajo por cuenta ajena o propia o connivencia con el empresario para la obtención indebida de cualquier prestación de Seguridad Social, entre otras.

 

El año pasado el Ministerio sancionó por ello a 5.168 beneficiarios, según indica la nota.

 

Respecto al volumen conjunto de las infracciones detectadas, el Ministerio subraya que, independientemente de que sea alto en relación con el total de acciones de control, ello no significa que dicho porcentaje deba aplicarse al conjunto de los perceptores de prestaciones como indicador de fraude en el desempleo.

 

En este sentido, precisa que los datos muestran que «en la hipótesis más desfavorable» el porcentaje de infracciones global «no alcanzaría al 3%» con respecto del total de perceptores de prestaciones que causan baja al año, y que de ellas «sólo se derivaría la existencia de fraude en las prestaciones en el 0,12%».

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