Orduña ha manifestado que el lunes, fecha en la que se produjeron mayores aglomeraciones en las oficinas del INEM, tan sólo se produjeron incidentes en seis o siete de las 711 que existen repartidas por toda España.
En declaraciones a Efe, Orduña dijo que el «enfado» del público que acudió a las oficinas de empleo se debió a «la afluencia masiva de demandantes» para solicitar esta ayuda, «que desbordó las previsiones» y también porque muchos desconocían los requisitos para acogerse a esta medida, como que la ayuda es para quienes hayan agotado su prestación desde el 1 de agosto.
«Todo el dispositivo estaba preparado», señaló Orduña, y solo faltaba la fecha de la publicación del real decreto en el Boletín Oficial del Estado (que fue el sábado, día 15).
No obstante, los impresos estuvieron listos en todas las oficinas a las 09:45 horas, afirmó Orduña, quien añadió que, además, para quien no quiera hacer cola, los impresos se pueden obtener en la página web del INEM, www.inem.es.
Orduña dijo que el lunes se montó el dispositivo y hoy se han enviado cartas y 35.000 sms a móviles de aquellas personas cuyas prestaciones terminen en agosto, operación que se irá repitiendo conforme los demandantes vayan agotando este derecho.
El director general del INEM consideró que «lo más importante» es que todos los que se acojan a la medida deben cumplir un itinerario de búsqueda de empleo, «lo que implica que el desempleado debe participar en acciones que le proponga su comunidad autónoma».
También explicó que los que reciban los 420 euros «seguirán siendo considerados como desempleados».
Ante las críticas que ha suscitado el hecho de que solo se puedan acoger a esta iniciativa quienes hayan agotado su prestación desde el 1 de agosto, Orduña afirmó que «lo normal» es que la ley entre en vigor tras su publicación en el BOE (en este caso sería el día 16), en tanto que el Gobierno ha hecho «un esfuerzo» para que sea efectivo desde primeros de mes.
Asimismo, dijo que el demandante tiene derecho a seis meses «independientemente de cuando se produce el hecho causante».
Es decir, un demandante que agota su prestación el 30 de enero, tiene derecho a seis meses a partir de entonces pero si en esos seis meses encuentra trabajo y vuelve a quedar en paro se le volvería a pagar lo que no hubiese consumido de esa prestación, explicó.
Aunque recordó que los potenciales beneficiaros de esta medida son 340.000 personas, explicó que es muy «complejo» calcular el número de personas que se quedan fuera de la cobertura porque depende de diferentes factores.
No obstante, quienes por diversas circunstancias quedan excluidos también tienen derecho a acudir a las rentas que las comunidades autónomas tienen previstas para estos colectivos.
Orduña recalcó que en lo que va de 2009 hay 2.000 personas más (un incremento de plantilla del 20%) para atender este programa y el aumento de expedientes que se ha producido por la crisis económica
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