Precisamente porque CIU va a ser determinante en la aprobación de la Reforma Laboral debemos tener muy presente una iniciativa como ésta porque tiene muchas posibilidades de salir adelante. En concreto, la propuesta establece que el gobierno se haga cargo del pago de la Seguridad Social durante tres años de todos los contratos que se realicen a parados de larga duración de aquí al 31 de diciembre de 2011.
La enmienda especifica que el parado de larga duración es aquella persona que lleva inscrita como demandante de empleo más de doce meses en las listas de los Servicios Públicos de Empleo. De este modo, se pretende facilitar la inserción laboral de aquellos colectivos que tienen mayores dificultades para obtener un puesto de trabajo en las actuales circunstancias.
Junto a ello, los senadores «convergentes» proponen otra modificación del actual texto para que «las empresas que contraten, hasta el 31 de diciembre de 2011, a tiempo parcial de forma indefinida a trabajadores desempleados entre 16 y 30 años, ambos inclusive, o a personas con cargas familiares, inscritos en la Oficina de Empleo, tendrán derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 800 euros durante tres años o, en su caso, por su equivalente diario».
En lineas generales, los grupos parlamentarios en el Senado han presentado dos vetos, de iniciativa de ICV y ERC, y más de 245 enmiendas al proyecto de Ley de reforma laboral que serán debatidas el próximo 25 de agosto en la Comisión de Trabajo e Inmigración, que tendrá competencia legislativa plena.
El PP ha sido la formación que más enmiendas ha presentado, con un total de 68 propuestas de cambio, tres menos que en el Congreso. CiU ha registrado otras 46 y el PSOE únicamente 12. Por su parte, el grupo Mixto ha propuesto 40 enmiendas más, de las que 11 corresponden al PSM-EN, 16 a UPN y 13 a Coalición Canaria.
En cuanto a las propuestas de los populares, los cambios propuestos se refieren a la reforma del procedimiento de suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, distinguiendo entre las suspensiones y reducciones individuales y colectivas, y se «simplifica» el concepto de modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
Además, enmiendan la regulación del contrato de fomento del empleo ampliando sus supuestos con la finalidad de incentivar la contratación estable por parte de los empresarios. Así, se reduce de tres meses a 15 días el tiempo que el trabajador ha de permanecer en el paro para poder acceder a uno de estos contratos. Por otro lado, el PP aboga por permitir a los sindicatos y los empresarios que puedan ordenar y articular la negociación colectiva, y, a tal efecto, propone que, «sin necesidad de denuncia y por acuerdo de las partes con legitimación negocial, puedan revisarse los convenios colectivos en vigor, de forma natural y en un contexto de paz social».
