El presidente de la Diputación ha comentado que este nuevo plan de empleo acogerá contrataciones formalizadas por los consistorios desde el 1 de abril de 2015 al 28 de febrero de 2016 y se podrá justificar hasta el 30 de julio de 2016. Además, cada ayuntamiento está obligado a destinar como mínimo el 85 por ciento de los recursos a nóminas y la seguridad social de los empleados. Y el máximo obligatorio que se exige para justificar gastos de formación es el 10 por ciento mientras que para adquisición de materiales se ha fijado el 15%. Ha remarcado De Lara que los consistorios tendrán autonomía plena para combinar cifras y porcentajes según sus necesidades.
También ha añadido que se pueden presentar solicitudes hasta el 15 de mayo y también ha precisado que contra la certificación de inicio del plan se transferirá el 80 por ciento del importe de la cantidad asignada. Y el 20 por ciento restante tras la justificación total del gasto. Las bases imponen criterios de selección para que los ayuntamientos den trabajo con carácter prioritario a las mujeres víctimas de la violencia de género y también a las familias que tienen todos sus miembros en paro, pero sólo a una persona por unidad familiar. Además, si se contratan a personas con discapacidad se dispondrá de recursos adicionales.
Otros criterios que se tendrán en cuenta son la situación socioeconómica general familiar y la no prestación de subsidios por desempleo. Las contrataciones serán de seis meses a jornada completa, aunque los ayuntamientos también pueden formalizar contratos a tiempo parcial. En cualquier caso, se podrá hacer frente a 5.500 nuevas mensualidades con este nuevo Plan de Empleo.
