En la actualidad, el Estado tiene la competencia exclusiva sobre la inmigración, por lo que es el Gobierno quien concede los permisos de residencia. Sin embargo, como las comunidades autónomas tienen competencias en la ejecución de la normativa laboral, pueden asumir la concesión de las autorizaciones de trabajo, como es el caso catalán.
Así, cuando un extranjero quiere residir y trabajar en Cataluña tiene que, por un lado, solicitar un permiso de residencia al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y, por otro, un permiso de trabajo a la Generalitat de Cataluña, es decir, dos autorizaciones para «un único acto administrativo».
Según recoge el informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas, es necesario revisar la legislación para modificar este sistema, ya que «impide tener una visión global de la política de admisión, introduce barreras a la unidad de mercado y supone la existencia de duplicidades horizontales al obligar a los interesados a solicitar ampliación del ámbito territorial para desarrollar, por ejemplo, una actividad por cuenta propia en más de una Comunidad Autónoma».
