Se trata de medidas de carácter «transitorio», según destacaron en conferencia de prensa la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, y el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, que recordaron que la Junta tiene previsto aprobar la Ley de Renta Básica, pero la actual situación de crisis hace que los ciudadanos «no puedan esperar».
En Andalucía, con casi 1,5 millones de desempleados, el número de hogares sin ningún tipo de ingresos ha pasado de 33.200 en 2007 a más de 100.000 en 2012, y más de 72.000 menores viven en hogares con privación material severa, mientras que 33.868 personas mayores están en situación de exclusión social.
El decreto ley incluye medidas para fomentar la contratación entre los colectivos más castigados por la crisis, atender las necesidades de alimentación de los menores y los mayores en riesgo de exclusión, y afianzar el Servicio de Ayuda a Domicilio para evitar la pérdida de empleo en este ámbito.
Estos objetivos se concretan en el Plan Extraordinario de Acción Social de Andalucía (60 millones de euros); el Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria, con 16 millones, y una serie de modificaciones normativas para agilizar procedimientos relativos al Ingreso Mínimo de Solidaridad y al Programa de Solidaridad para la Erradicación de la Marginación, con unas inversiones adicionales de 44 millones.
El Plan Extraordinario de Acción Social de Andalucía pretende frenar la pérdida de empleo y paliar las situaciones de emergencia que padecen los colectivos más vulnerables. En la adjudicación de los contratos se dará prioridad a las familias con todos sus miembros en paro; las familias numerosas de las que formen parte menores de edad; los residentes en territorios reconocidos como Zonas con Necesidades de Transformación Social; las personas con discapacidad o en situación de dependencia, y las familias monoparentales y víctimas de violencia de género con hijos.
Además, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, dijo que los poderes públicos tienen que trabajar para dotar al sistema judicial de instrumentos que le permitan mediar en situaciones de riesgo o de exclusión social.
