Será la policía y los jueces quienes deban determinar las responsabilidades penales de estas actuaciones. Y serán los políticos los que luchen por echarse la porquería unos sobre otros. Yo que me considero ciudadano, hay un aspecto en todo esto que me preocupa especialmente. La demostrada falta de control de los euros destinados a estos cursos puede provocar un efecto muy negativo para todos nosotros.
Ya la Unión Europea se ha apresurado a solicitar información a la Junta de Andalucía sobre la posibilidad de que mucho de lo estafado pertenezca al presupuesto del Fondo Social Europeo. Desde esa comunidad, se han dado prisa por dejar claro que no es así pero ya veremos si las investigaciones corroboran esa postura y nos quedamos con el culo al aire.
Eso es lo más preocupante. Según las informaciones que han ido apareciendo estos días, el Fondo Social Europeo invirtió en España unos 8.000 millones de euros en las políticas activas de empleo que se han impulsado entre los años 2007 y 2013. Un pastizal, sin duda, cuyos resultados no acabamos de ver.
Algunos medios se preguntaban ayer el motivo por el que las autoridades comunitarias no controlaban el destino de ese dinero pero esa no es su misión. La obligación es del Estado español y sobre todo, las comunidades autónomas que tienen transferidas esas políticas activas de empleo. Desde Bruselas, son más prácticos y en caso de asuntos turbios, simplemente cortarán el grifo y pondrán más problemas para enviarnos cualquier cantidad.
Quizás les parezca alarmista a algunos estas posibilidad pero si reflexionamos un poco, ya está ocurriendo. Desde el verano pasado, se anunció un Plan de Garantía Juvenil para fomentar la inserción laboral de los más jóvenes. De los 6.000 millones de euros que tiene de presupuesto global, se calculaba que unos 1.600 millones vendrían a España. O lo que es lo mismo, una cuarta parte del total en números redondos.
Pues bien, aún ese dinero ni ha llegado ni se le espera en breve. ¿El motivo? Las autoridades comunitarias exigen conocer el destino de cada uno de los euros que se va a invertir. Quieren controlar absolutamente cada uno de los proyectos que van a ser financiados con el presupuesto común de nuestros socios europeos. ¿Y nos extraña? A mí francamente no.
Es normal que ante noticias de este tipo, se desconfíe de España porque afecte a Andalucía, Madrid o cualquier otra comunidad autónoma, está en juego la imagen de todo el país en asuntos como éste.
Y lo peor es que todos estos casos, mucho me temo que son solo la punta de un iceberg que está formado por todos aquellos que se han tomado a cachondeo la formación de los trabajadores y han usado los presupuestos para otros fines, unos para financiar sus organizaciones, otros para engordar sus bolsillos.
En España, no terminamos de valorar la formación como un elemento esencial para nuestro futuro. Lo es para cada uno de nosotros como trabajadores pero lo es igualmente para toda la sociedad. Desviar dinero a otros intereses es mucho más que robar. Es atentar contra la competitividad que debemos demostrar como país. Aquí está la madre del cordero mucho más que en recortar derechos sociales o salarios para enfrentarnos a otras empresas extranjeras.
Nuestras empresas deberían competir por tener trabajadores mejores cualificados que en otros lugares en lugar de hacerlo por ofrecer mano de obra barata. Y en este capítulo, la formación debería ser un eje primordial para lograrlo.
Javier Peña Portalparados.es
