El gobierno catalán ha acordado crear un grupo de trabajo para elaborar una propuesta de bono social en el ámbito de la energía como medida para intensificar la lucha contra la pobreza energética.
El objetivo, según ha informado el Govern, es elaborar una propuesta consensuada con las entidades y trasladarla inmediatamente al gobierno del Estado, que es quien tiene competencias en materia tarifaria en el ámbito de la energía.
La labor del grupo de trabajo será configurar un marco legal que aborde integralmente la pobreza energética y que establezca mecanismos de protección de las personas vulnerables, y al mismo tiempo clarificar el sistema de financiación por parte de las operadoras del mercado energético.
Actualmente, el Tribunal Supremo ha declarado inaplicable el régimen de financiación del bono social diseñado por el gobierno central, un modelo que, según el gobierno de la Generalitat, no ha dado respuesta a las necesidades de las personas vulnerables a la hora de garantizar el suministro energético y que tampoco cumple con algunas de las exigencias comunitarias, como la definición de «cliente vulnerable». [Solicita información sobre cursos de formación a distancia]
El grupo de trabajo contará con dos representantes del departamento de Empresa y Conocimiento, dos representantes del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, dos representantes de las entidades de la mesa de emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, dos representantes de entidades de la Mesa del Tercer Sector, un representante de la Asociación Catalana de Municipios, un representante de la Federación de Municipios de Cataluña y un representante del Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña.
De esta manera, se formaliza la iniciativa que el conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, trasladó la semana pasada en la Mesa de Entidades del Tercer Sector y la Alianza contra la Pobreza Energética, a las que invitó a participar.
El gobierno catalán ha asegurado que desde 2013 ha evitado 38.777 interrupciones de suministros a hogares vulnerables y que ha destinado entre los años 2015 y 2016 10 millones de euros a mecanismos de ayuda para cancelar deudas de servicios básicos a familias en situación de pobreza.
Al mismo tiempo, ha recibido 198 denuncias contra empresas suministradoras por incumplir la normativa vigente, se han impuesto 25 sanciones a las empresas por este motivo, y se han firmado 20 convenios con distribuidoras de agua para que habiliten mecanismos de ayuda a los hogares vulnerables.
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