El motivo por el que Rosa Díez y su grupo han votado en contra es porque consideran la medida una chapuza, y abogan por modificar la norma que regula la Renta Activa de Inserción, eliminando el requisito de ser mayor de 45 años, de forma que todos los parados sin protección y sin ingresos suficientes puedan percibir una ayuda extraordinaria de 420 euros mensuales durante 11 meses.
El resto de partidos han votado a favor, aunque no han faltado las críticas a la medida «improvisada» del Gobierno, especialmente desde el Partido Popular, cuyo representante, José Ignacio Echániz, aseguró que el «cheque-parado» es un nueva nueva medida inútil que se suma a las ya tomadas antes pro el gobierno.
En la presentación de la medida ante el Parlamento, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, afirmó que el Gobierno “es consciente de que quienes más sufren el impacto de esta situación adversa son los ciudadanos sin recursos”, por lo que pidió al resto de grupos parlamentarios que tengan la misma “sensibilidad” que el Ejecutivo y apoyasen esta medida.
Asimismo, reiteró la naturaleza “extraordinaria y la vocación temporal” de la ayuda y subrayó que no es sólo un subsidio, sino que los beneficiarios deberán inscribirse como demandantes de empleo y suscribir el “compromiso” de desarrollar un itinerario de reinserción laboral.
En este sentido, apuntó que esta doble vertiente de protección e inserción implica que las comunidades autónomas deben “colaborar en su ejecución”, y que, aunque el Servicio Público de Empleo es el encargado de su reconocimiento y pago, son las comunidades las que gestionan las acciones.
Por esta razón, el ministro quiso hacer un “reconocimiento” de la postura de las autonomías que han colaborado con “lealtad y de forma activa para que las personas puedan acceder a esta ayuda”.
También recordó que la prestación y el programa tendrán una duración de seis meses, aunque añadió que el plan podría prorrogarse durante seis meses adicionales.
