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Nº Parados 20/09/2018

SEPE
3182068
EPA
3490100

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Se trata de una práctica muy habitual en un buen número de profesiones pero en este caso, la Inspección de Trabajo ha abierto un expediente a 117 entidades que ofrecían becas a investigadores que en realidad encubrían puestos de trabajo. En total, se considera que se ha comentido un fraude a la Seguridad Social por un valor de 1,8 millones de euros.  

Se trata del tercer año en el que la Inspección de Trabajo acomete una campaña específica de control sobre las condiciones de los becarios y se ha encontrado con que en muchos casos, su labor encubre la que debería realizar un trabajador contratado legalmente. La única forma de “meter mano” a las entidades e instituciones que práctican esta fórmula, es culparles de un fraude a la Seguridad Social para que se lo piensen dos veces la próxima vez antes de convocarlas.



Ya hace algún tiempo la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI-Precarios) había presentado 20 denuncias ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por incumplimiento del Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) y por encubrimiento de puestos de trabajo en más de 200 becas de investigación. Es curioso que en esta denuncia se incluyen becas convocadas por el antiguo Ministerio de Educación y Ciencia, Consejerías de Educación de Castilla-León, Andalucía y Canarias, instituciones dependientes del Ministerio de Economía y Hacienda y fundaciones privadas incumplen el EPIF, lo que supone una liquidación que asciende a un millón de euros. Por otro lado, se denunció el fraude relacionado con 50 becas de investigación convocadas por fundaciones privadas, la mayoría en el País Vasco, que encubrían puestos de trabajo y que ha dado lugar a actas de infracción y de liquidación que suman otro millón de euros más.

Ante esta situación, la federación de becarios pide erradicar esta “extendida práctica” de encubrir puestos de trabajo mediante becas, pues de esta forma se retrasa “la ya tardía” incorporación al mundo laboral de los titulados universitarios, y en consecuencia, la edad de inicio en las cotizaciones a la Seguridad Social, tal y como se persigue en la campaña que están llevando a cabo desde enero de 2008, ‘No más becas por trabajo’.

También, solicitan ofrecer mejoras en la calidad del empleo joven, lo que implica modificar la normativa vigente que regula las prácticas no laborales de estudiantes en empresas. Además, piden que se dote a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de personal y recursos necesarios para realizar ‘campañas anti-becas’ en empresas e instituciones públicas e instar al sector público a liderar las políticas de recursos humanos dirigidas a los jóvenes en las que se fomente la contratación en sustitución de las becas.

Sin duda, hablamos de becas para jóvenes investigadores, pero también podríamos hablar de las becas en otros ámbitos laborales que ni benefician a los adjudicatarios ni al resto de la plantilla que ve como su contrato puede ser reemplazado por una persona con menor coste para la empresa.


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