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En estos momentos, el departamento que dirige Tomás Villanueva estudia las bases reguladoras del PIE. En principio, los beneficiarios de esta nueva convocatoria sólo tendrán derecho a cobrar la prestación durante cuatro meses.
La Consejería estima que unos 3.500 parados sin prestación podrán beneficiarse de esta prórroga.
La Junta disponía de un crédito de ocho millones para la implantación de este programa de integración laboral y la prórroga no significará aumento de costes para las arcas públicas, según el rotativo.
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