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Desmantelada en Elche organización que realizaba contratos falsos para cobrar el paro

Las detenciones han sido desarrolladas por la Policía Nacional en el marco de la operación ‘Pomada’, que se inició hace varios meses a petición de la Tesorería General de la Seguridad Social, después de que ésta detectara irregularidades de cotización en las empresas que gestionaba un graduado social, titular de la asesoría ilicitana.

Este último está acusado de delitos contra los trabajadores e imputado, junto a otras quince personas, por delitos de estafa y falsificación de documentos, han informado hoy fuentes policiales.

Otros tres ciudadanos, todos ellos extranjeros, están acusados de presentar ofertas de empleo en el momento de renovar sus permiso de trabajo y residencia, que era facilitadas por el asesor a cambio de cifras económicas que oscilaban entre los 400 y los 1.000 euros.

En alguna de las sociedades se había dado de alta a un número elevado de trabajadores que, en muchos casos y tras un periodo mínimo, causaban baja y pasaban a percibir prestaciones y subsidios por desempleo del SPEE (antiguo INEM).

Al mismo tiempo, la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría del Cuerpo Nacional de la Policía de Alicante investigó ofertas de trabajo presentadas por ciudadanos extranjeros para tramitar la renovación de sus permisos de trabajo y residencia.

Estas ofertas eran suministradas por el graduado social ahora detenido a ciudadanos extranjeros a cambio de dinero y correspondían a empresas administradas por él.

Hasta cinco empresas de limpieza y construcción, según datos de la Policía Nacional, eran gestionadas por el graduado social sin que se haya acreditado actividad laboral real.

En algún caso, había dado de alta a un elevado número de trabajadores incumpliendo sistemáticamente la obligación de cotizar.

El importe de los descubiertos por impago de las cotizaciones a la Seguridad Social asciende a 134.730 euros.

En el caso de 30 trabajadores, tras un corto periodo en alta, pasaban a situación de desempleo y cobraban prestaciones y subsidios, alcanzando el importe de lo defraudado los 124.000 euros.

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