«Analizando estas cifras, todos tenemos en mente la coyuntura económica», explicó el subdirector general adjunto de Estadísticas de Población del Instituto Nacional de Estadística, Sixto Muriel, que auguró que el saldo migratorio será negativo al menos hasta 2020, último ejercicio del que se hicieron proyecciones.
Desde 2008, el deterioro de la economía y del mercado laboral español fue imparable, alcanzando una tasa de paro del 21,52% que, según todas las expectativas, todavía no tocó techo.
Las cifras son claras y el millón de extranjeros que en 2007 llegó a España buscando una oportunidad se redujo a menos de la mitad en los tres últimos años. No obstante, Muriel recordó que fue en 2008 y 2009 cuando la llegada de inmigrantes cayó más del 50%, hasta estabilizarse en unas 450.000 llegadas anuales desde entonces.
Por el contrario, lo que se está produciendo en los últimos años es «un fuerte incremento» de las salidas, señaló Muriel, que calculó que, este año, medio millón de personas abandonarán España, de las que más de 50.000 serán españolas, cifra muy superior a las 34.000 de 2008.
Seguridad Social
Las cuentas de la Seguridad Social también se resintieron de la situación laboral de los inmigrantes en España y de la decisión de retornar a sus países.
Teniendo en cuenta que el estallido de la crisis económica internacional ocurrió en el verano de 2008, desde octubre de ese mismo año, la Seguridad Social perdió 274.185 afiliados extranjeros, un 13,3% de los 2.059.547 inscritos en sus listas.
Actualmente, los extranjeros representan el 10,28% del total de afiliados a la Seguridad Social, que suman 17.360.313. Por países, del total de inscritos, el colectivo más numeroso procede de Rumanía, con 287.225; seguido de Marruecos, con 206.860; Ecuador, con 135.126; Colombia, con 97.178; China, con 86.653; y Bolivia, con 82.843.
La actual situación de crisis hizo que entre las medidas que el PP planea para la nueva etapa figure la de impedir que los inmigrantes puedan legalizar su situación tras haber residido en España tres años, si durante ese período su situación era «ilegal», según avanzó el portavoz parlamentario del PP en materia de Inmigración, Rafael Hernando.
Hasta ahora, el Reglamento de la Ley de Extranjería de España permitía a los extranjeros conseguir la regularización por «arraigo social», si acreditaban su permanencia en España al menos tres años y contaban con un contrato de trabajo en el momento de legalizar su situación. Hernando precisó que, ahora, el PP prohibirá esa posibilidad para luchar contra la inmigración ilegal.
Tarjeta de residencia
Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, actualmente hay en España un total de 5.144.269 inmigrantes legales, esto es, con certificado de registro o con tarjeta de residencia en vigor.
De ellos, 2.476.334 provienen de países de la UE y de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, y el resto, 2.667.935, de terceros países, como Marruecos, Ecuador, Colombia, China, Bolivia o Perú, entre otros.
Ante la falta de oportunidades laborales y la decisión de retornar a sus países, el Gobierno español impulsó en 2009 tres modalidades de planes de retorno voluntario, a los que ya se acogieron más de 30.000 personas.
