La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha asegura que la Generalitat pretende convocar oposiciones para cubrir 2.830 plazas en los próximos tres años, en virtud del Acuerdo para la Mejora del Empleo Público que se firmó la semana pasada entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos mayoritarios.
Según un comunicado del Consell, la Conselleria de Justicia y Administración Pública ofertará el máximo que le permite el Gobierno y ha asegurado que seguirá trabajando «para dotar del personal suficiente a la Función Pública valenciana«.
Bravo ha recordado que el Plan Estratégico de Recursos Humanos de la Generalitat revela que el gobierno autonómico necesita contratar, durante los próximos tres años, a 4.500 personas «para evitar que las instituciones valencianas sufran un grave deterioro por falta de efectivos«. [Solicita información sobre cursos para preparar Oposiciones]
Para la consellera, esa es la única manera de evitar «el colapso de una Administración lastrada por el alto número de vacantes en su plantilla«, que comprende 1.141 empleados sobre un total de 17.073 puestos de trabajo, y está amenazada por el envejecimiento.
La Dirección General de Función Pública de la conselleria que dirige Bravo estima que «se podrán convocar en el año 2017 un total de 230 plazas que cumplen los requisitos«, dado que el Acuerdo estatal establece que los Presupuestos Generales del Estado reflejarán una tasa de reposición del 100% para los sectores prioritarios (que son Sanidad, Educación, Justicia, Servicios Sociales, control y lucha contra el fraude fiscal, políticas de empleo y emergencias).
Asimismo, han recordado que la normativa estatal incluye como nuevos sectores prioritarios los de atención a la ciudadanía en los servicios públicos, transporte, seguridad y emergencias.
En los ejercicios de 2018 y 2019, según las previsiones de jubilaciones disponibles, Justicia prevé que «se puedan incluir otras 300 plazas en oferta en cada uno de los ejercicios y que entre los tres años se podrán llegar a los 830 nuevos puestos de trabajo«.
A estos empleos públicos se le sumarán otros 1.500, de los cuales 1.300 irán destinados a Servicios Sociales, cuyos procesos selectivos se podrán convocar conforme al punto segundo del Acuerdo que dispone las medidas en materia de reducción de empleo temporal.
Bravo ha señalado que para reducir la temporalidad en las administraciones públicas, se permitirá que se convoquen oposiciones para cubrir plazas que estén vacantes y ocupadas por interinos desde hace al menos tres años y ha estimado que, «bajo estas condiciones«, se podrán ofertar alrededor de medio millar de plazas cada año hasta 2019.
Por último, ha recordado que el acuerdo también permite la convocatoria de oposiciones para cubrir otro medio millar de plazas durante los años 2017 y 2018 (250 por anualidad, aproximadamente) con la condición de que estos puestos de trabajo no hayan sido ocupados nunca de forma definitiva con fecha anterior al 1 de enero de 2005.
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