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Nº Parados 19/06/2018

SEPE
3335868
EPA
3796100

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El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado subvenciones por valor de 1.598.120 euros a los municipios acogidos al Plan Especial de Empleo 2007-2010 en zonas rurales deprimidas, incluidos en los Consejos Comarcales del Servicio Público de Empleo Estatal de las provincias de Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora.  

 



Estas subvenciones permitirán la creación de 985 puestos de trabajo en el sector agrario en Ávila (385), Salamanca (364), Valladolid (137) y Zamora (99). Estas subvenciones aprobadas por el Consejo de Gobierno, con cargo a la anualidad presupuestaria de 2010, se distribuirán en la provincia de Ávila con 557.379 euros, en la de Salamanca con 523.518 euros, 325.852 euros para la provincia de Valladolid y 191.370 euros para la de Zamora.

El objetivo de estas subvenciones es fomentar el empleo agrario mediante la financiación de los costes salariales, la aportación empresarial de la entidad local a la Seguridad Social y, en su caso, los costes extrasalariales derivados de la contratación de trabajadores desempleados, preferentemente agrarios, en municipios de las zonas rurales deprimidas de Castilla y León.

El ámbito geográfico de los Consejos Comarcales del Servicio Público de Empleo Estatal se determina en función de los índices de desempleo y la especial dificultad de acceso al mercado de trabajo de los desempleados de la zona.

Los trabajadores a contratar deben pertenecer a un colectivo específico, han de ser trabajadores desempleados, preferentemente eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

Igualmente, las obras y servicios a ejecutar deben ser de interés social y utilidad pública en periodos de inactividad agraria. Los trabajadores agrarios sólo pueden ser contratados mientras no existan campañas agrícolas a las que puedan acceder por tratarse de un empleo adecuado.

La concesión de estas subvenciones se desprende del acuerdo sellado en el marco del Plan Regional de Empleo 2007-2010, por el cual la Junta de Castilla y León se compromete a complementar la financiación que la Administración del Estado aporta para eliminar los desajustes entre zonas rurales deprimidas y el resto de poblaciones.


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