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Ayudas para la vivienda a parados y familias de Castilla y León

La Consejería de Fomento de Castilla y León destinará en 2010 más de 35 millones de euros en ayudas a la compra y alquiler de vivienda, un 23 por ciento más que en el ejercicio anterior, en el que se consignaron 27 millones, con distintas novedades, entre ellas el compromiso de la Administración regional de garantizar el pago de la hipoteca en aquellos casos en los que los jóvenes adquirientes pasen a la situación de desempleo.

En concreto, el compromiso de la Junta es el de hacerse cargo del coste del seguro para garantizar el pago de la hipoteca en los casos de aquellos jóvenes compradores de una vivienda que se queden sin su puesto de trabajo. Ese seguro se podría hacer cargo del pago de seis meses de la hipoteca en el caso de que la persona se quede sin trabajo.

   Asimismo, la convocatoria incorpora la compra de vivienda libre que reúna los requisitos de las viviendas de precio limitado para las familias, al tiempo que en las ayudas al alquiler se amplía tanto el periodo subvencionable, de doce a quince meses, como el plazo para la presentación de solicitudes, de nueve a doce meses, además de que en vivienda rural se incluyen como beneficiarios a los mayores de 65 años y las víctimas de la violencia de género y del terrorismo.  

   En cuanto al alquiler, las ayudas, cuya cuantía oscila entre el 30 y el 40% de la renta anual, tienen por objeto facilitar el pago a las personas con menos ingresos, en especial de aquellos colectivos que necesitan más apoyo. Los beneficiarios son las personas arrendatarias mayores de 36 años, los arrendatarios de vivienda joven (de 18 a 36 años) o los de vivienda de precio limitado para familias con ingresos hasta el 3,5 el IPREM (en el año 2009, 7.381,33 euros).

 

En cuanto a la Renta Básica de Emancipación, se amplía la fijada por el Ministerio, de forma que pasa de 210 a 240 euros, al tiempo que se amplía la horquilla de edad, ya que en el resto del Estado es de 22 a 29 años, mientras que en Castilla y León va de 18 a 36. Los beneficiarios deberán tener unos ingresos inferiores a los 22.000 euros anuales.

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