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Nº Parados 24/09/2018

SEPE
3182068
EPA
3490100

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Celebrábamos este jueves, y como todos los años, el aniversario de la Constitución española que no podemos olvidar que nos trajo la libertad después de cuarenta años de dictadura. Cada 6 de diciembre, nuestras autoridades se reúnen en un acto institucional para subrayar la importancia de esta fecha aunque parece imposible debatir sobre la vigencia de nuestra máxima ley.  

En España, somos de extremos y eso se demuestra en la actitud que muchos mantienen y han mantenido sobre la Constitución española. Algunas formaciones políticas han pasado de sublimar lo que representó su aprobación a repudiar los actos institucionales que se celebran. Y por eso, comienzo este artículo por reconocer que ese texto fue el fruto del consenso de casi todas las formaciones políticas en un periodo que fue muy difícil dado que veníamos de cuarenta años de dictadura y de una estructura del Estado que era muy poco partidaria de los cambios.



 

Este preámbulo sirve de recordatorio para aquellos que ahora desechan ese esfuerzo que se hizo en la transición española y que ahora está devaluado por la incapacidad de esos mismos partidos políticos para ponerse de acuerdo en asuntos que deben ser esenciales para salir de la actual crisis económica e institucional a la que nos enfrentamos.

 

Pero este debate supera los temas que nos son propios a los lectores y redactores de Portalparados, por lo que tan sólo lo enunciamos como punto de partida para abordar específicamente lo que estipular el artículo 35 de la Constitución española. Se trata de aquel que dice textualmente: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.”

 

Esa misma Constitución que sirve muchas veces para facilitar o impedir derechos demandados por la ciudadanía, está claro que no se lee al pie de la letra cuando hablamos del derecho al trabajo o a tener una vivienda digna, por citar tan sólo dos de los que nos tocan más de cerca.

 

Si la Carta Magna fuese el catón que guiara el trabajo de nuestros políticos, hace tiempo que deberían de haberse puesto a trabajar en lo fundamental para la vida de los ciudadanos. Y a ser posible, ponerse de acuerdo como hicieron en menos de veinticuatro horas para incluir el techo de gasto en su texto.

 

Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Todas las medidas de gobierno central y autonómicos se justifican en que crearán puestos de trabajo a largo plazo. El problema es que muchos de nosotros quizás no lleguemos a ese periodo y se necesita una solución urgente para ayer, como diría cualquier jefe exigente.

 

Y como creo que basta ya de la crítica sin más contenido, me aventuro a plantear una posibilidad. Quizás sea utópica, quizás sea fruto de mi profundo desconocimiento pero probablemente me guía el sentido común.

 

El planteamiento es muy sencillo. Ahora mismo, la partida destinada a pagar prestaciones por desempleo es gigantesca, la más alta probablemente después del pago de la deuda de las administraciones. Yo sugiero la posibilidad de que el gobierno se plantee la posibilidad de subvencionar con parte de esa partida la contratación de desempleados.

 

Pongamos un caso por ejemplo. Supongamos que el gobierno ayuda con 600 euros mensuales la contratación durante dos años de un trabajador. La empresa pondría el resto del dinero hasta completar el sueldo, los impuestos, la seguridad social, etc. Según el rango salarial de cada empleo, la empresa debería aportar un poco más o un poco menos pero una cifra asumible para muchas de ellas.

 

Por supuesto que este plan debería contemplar controles estrictos para evitar la picaresca de muchas empresas que sólo buscan beneficiarse de las subvenciones en lugar de generar empleo como necesita nuestro país. Para empezar, debería de prohibirse la sustitución de este tipo de trabajadores por otros despedidos, con el fin de que se produzca un trasvase entre los que ya tienen trabajo y los que lo demandan.

 

Ese plan de “emergencia” debería contemplar la posibilidad de que esas empresas pudieran contratar a personas para formarlas en una profesión que quizás pertenezcan a sectores como la construcción que no podrán absorber la mano de obra que tuvo en su momento.

 

Si se acometiese ese plan, las empresas obtendrían trabajadores con un coste muy asequible. Aquellos que están en el paro, pasarían a contar con un puesto e incluso, la posibilidad de aprender una nueva profesión, podrían gastar de nuevo y reactivar el consumo. El resultado de esta pequeña acción podría mejorar la salud de nuestras empresas y evitar nuevos despidos. Todo ello sin gastar más por parte de la administración porque se destinaría parte del actual presupuesto previsto para prestaciones por desempleo.

 

La propuesta se podría desarrollar durante dos años como periodo de prueba y a partir de ahí, analizar sus resultados para evaluar su continuidad o su interrupción. En cualquier caso, serviría para afrontar los próximos dos años que se presupone serán los dos más duros.

 

Supongo que alguien que sepa más que yo de estos asuntos, será capaz de poner mil y una pegas a esa posible solución. Y esas pegas deben de ser importantísimas porque de lo contrario, no se explica el motivo para no aprobarla inmediatamente. Sería muy lamentable que ese plan fuese viable y nuestros políticos no lo contemplasen por dejadez o por falta de pericia.

 

En cualquier caso, somos una modesta web y nuestro altavoz es más bien pequeño pero he querido aportar este granito de arena más que nada por si sirve para que empecemos a hablar de soluciones y no sólo del problema en sí.


Javier Peña
Periodista

 

 

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