Sin duda, asistimos en los últimos días a un conjunto de noticias y declaraciones públicas que me parecen más que llamativas. Curiosamente, mientras el gobierno, con su Presidente al frente, deja entrever que no habrá tantos parados sin cotización cuando sólo 28.000 han solicitado la ayuda de los 420 euros, nos encontramos con otras informaciones que dan la impresión de querer avalar una tesis similar. Primero fue la falta de jornaleros para la campaña de la fresa en Huelva, después los desempleados canarios rechazando irrisorias propuestas de empleo y finalmente ayer surgió la denuncia de los 600 extremeños que cobraban la prestación al tiempo que trabajaban sin contrato en la economía sumergida.
Todas esas noticias al final parecen querer transmitir varios mensajes. El primero, que no estarán tan mal cuando rechazan esos trabajos, aunque sean en condiciones miserables. El segundo, que el problema del paro es mucho menor del que nos reflejan las cifras del Inem y la EPA. Tercero, que hay un grupo de parados acomodados a los subsidios en lugar de buscar trabajo.
Por supuesto que todas estas ideas, desde mi punto de vista, son absolutamente falsas, malintencionadas y descalificadoras de un colectivo que como hoy mismo comenta Samanta Villar en estas mismas páginas, es la principal víctima de la crisis económica a la que nos han llevado otros (y no diré sólo el gobierno que aquí hay muchos implicados en las responsabilidades).
Ya venía observando este fenómeno pero la gota que ha colmado el vaso ha sido el caso de Extremadura. La información carga las tintas sobre los parados que ahora se quedan sin prestación por haber incumplido una de las reglas básicas que es no trabajar al mismo tiempo. Sin embargo, han dejado en un segundo plano a los grandes protagonistas de la noticia: esos empresarios que aprovechan la actual coyuntura para mal contratar o incluso no contratar a personas que necesitan urgentemente unos ingresos económicos. Porque al final ¿quién se beneficia de esa situación? El parado no, desde luego. Es el empresario el que se ahorra gastos, como las cotizaciones a la Seguridad Social y quebraderos de cabeza en caso de despido.
No me olvido de un segundo elemento importante en la noticia, y también falta en su exposición. ¿Dónde están las inspecciones de trabajo? ¿hay suficiente personal para perseguir este tipo de empresas a todas luces ilegales y tramposas? La economía sumergida subsistirá mientras haya empresarios dispuestos a incumplir sus obligaciones, trabajadores necesitados de ingresos urgentes y también administraciones que muchas veces, da la impresión de que miran para otro lado.
Con todo esto, no digo yo que no haya parados tramposos pero ¿es que no hay trabajadores en activo tramposos? ¿y empresarios idem? ¿o sindicalistas? ¿o políticos? Muchos, ¿no?. La gracia es que cuando se denuncian casos de corrupción en política, siempre nos transmiten el mensaje de “No hay que generalizar”. Pues bien, ¿por qué ahora da la impresión de que ellos sí generalizan?
