En la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern, Borràs ha explicado que «es la primera vez en cuatro años» que el Govern aprueba una convocatoria de estas características, y que ha decidido centrarla en «los servicios públicos esenciales» para «garantizar» su buen funcionamiento.
Borràs ha mostrado la creación de estas nuevas plazas como un «síntoma» de la mejora en la situación económica, además del fruto de un esfuerzo del Govern para «racionalizar» el gasto público.
Estas 1.230 plazas tienen un enfoque hacia perfiles del «ámbito social», como las 340 plazas dedicadas al sector de la salud, las 300 a educación y las 70 a la asistencia social que se han presentado.
Otras plazas destacadas giran alrededor de la Agencia Tributaria Catalana, donde se han aprobado 20 plazas de cuerpo superior de inspectores tributarios y 40 del cuerpo técnico de gestores tributarios.
Al ser preguntada por los periodistas sobre si 20 plazas de inspector tributario eran suficientes para la situación actual, Borràs ha dicho que las «necesidades» ya estaban cubiertas con «las plazas actuales».
Además, 24 de estas 1.230 plazas -un 2 %- estarán reservadas para personas con discapacidad intelectual.
Por otro lado, Borràs también ha explicado que el Govern ha aprobado la creación de la figura de «directivo público profesional», que se sitúa en una «franja intermedia» entre «el servidor público» y «el cargo político».
Este cambio «gradual» supone que diversos cargos actuales vayan adaptándose a este perfil, que introduce elementos de «acreditación de conocimientos, competencias y aptitudes» para una mejora de la calidad de los servicios públicos.
