Se había anunciado para el 13 de noviembre pero ha tardado una semana más. El consejo de ministros ha dado el pistoletazo de salida para la tramitación del paro de los autónomos aunque todavía queda un camino muy largo antes de que se convierta en una realidad. Hoy se ha aprobado el informe sobre esta medida que debe estudiar el Consejo de Estado antes de regresar al Consejo de Ministros de nuevo y de ahí, al Parlamento.
El modelo diseñado por el Ejecutivo tiene un carácter mixto, ya que será obligatorio para aquellos colectivos que tienen que cotizar por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, como los autónomos económicamente dependientes, y será voluntario para el resto.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, mostró la semana pasada su confianza en que el «Anteproyecto de Ley por el que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos» esté aprobado en el primer trimestre del año que viene.
Si así fuera, los trabajadores autónomos podrán empezar a cobrar el desempleo a partir de 2011, ya que deberán de cotizar al menos durante doce meses continuados antes del cese de su actividad, explicó.
Positivo pero insuficiente
Con la propuesta del gobierno, los trabajadores por cuenta propia podrán cotizar voluntariamente para llegar a recibir hasta seis meses de paro, tras cubrir 36 de cuotas. Pero la medida puede estar sujeta aún a algunos cambios. ATA, una de las principales asociaciones del colectivo, se ha reunido ya con PP y CiU para negociar un aumento de esta cobertura en la tramitación parlamentaria de la norma.
La asociación, que preside Lorenzo Amor, lucha para que los autónomos coticen por un tipo del 2% el primer año -en lugar del 1% que propone el Gobierno- y poder recibir una cobertura por desempleo de hasta un año. Quienes decidan cotizar pasarían de pagar unos 19 euros al mes de media previstos en el proyecto original, a algo menos de 30 euros. «La diferencia no es mucha pero el seguro es mucho mayor», defiende Amor.
Amor considera la propuesta del gobierno como positiva pero claramente insuficiente para un colectivo que en estos momentos no tiene ningún derecho a prestación.
