Los parados menores de 25 años han crecido un 93,4% desde que empezó la crisis económica, lo que supone 428.000 parados más en un periodo de dos años, según el último informe regional elaborado por la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (ETT).
Por comunidades autónomas, las más afectadas han sido Aragón, Asturias, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y La Rioja, donde más de la mitad de sus parados menores de 25 años se han generado durante los últimos dos años.
Si se tienen en cuenta las últimas cifras de destrucción de empleo general, nueve de las 17 comunidades empeoraron sus tasas de destrucción de empleo interanual en el último trimestre, a pesar de que este periodo se ha caracterizado por un menor ritmo de deterioro del empleo en términos absolutos.
El informe de Agett desvela también que la mayor parte de la creación de empleo público está siendo de carácter temporal, provocando así que la temporalidad pública (26,2%) supere a la privada (25,8%) por segundo trimestre consecutivo. Esto ocurre en nueve comunidades autónomas. En concreto, en cinco territorios (Islas Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Navarra) el 100% del empleo neto creado por el sector público en el tercer trimestre fue de carácter temporal, mientras que en el conjunto nacional la media del peso de las contrataciones temporales en el sector público fue del 77%.
Por este motivo, Agett señala que la crisis sigue perjudicando más a aquellos trabajadores que trabajan para el sector privado, que pierden sus empleos a una tasa interanual del -6,5%, mientras el sector público registra crecimientos del 3,7%, aunque en ninguna comunidad los aumentos son continuos.
Dentro del colectivo femenino, la brecha entre las tasas de temporalidad del sector público y del privado sufre un importante aumento, ya que están distanciadas por más de cinco puntos (31,8% la del sector público y 26,7% la del privado). En el caso de los hombres, la temporalidad privada supera a la pública en todas las comunidades, excepto en Cataluña, Navarra y Castilla y León.