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Presentan hoy la reforma de las políticas activas de empleo

De momento, el ministro ya avanzó algunas propuestas en su comparecencia ayer en la comisión de Trabajo del Senado. aleriano Gómez, anunció que convocará en la primera quincena de enero a la Conferencia Sectorial de Empleo para presentar la propuesta del Ejecutivo sobre la reforma de las políticas activas de empleo.

 Gómez avanzó que en esa reunión el Gobieron entregará a las comunidades autónomas un nuevo documento de trabajo con «siete líneas de actuación muy definidas». El objetivo es cerrar el acuerdo con las comunidades autónomas y los agentes sociales antes de que termine el mes de enero y remitir la norma al Parlamento para que sus efectos empiecen a notarse durante el próximo ejercicio.

Así, el ministro aseguró que el Ejecutivo prevé que la reforma se implemente «en varias fases», debiendo estar «globalmente diseñada y operativa» en el primer trimestre de 2011.

Gómez añadió que éste es el objetivo por el que el Gobierno ha decidido reforzar con 1.500 nuevos orientadores los servicios públicos de empleo, lo que supondrá «un auténtico vuelco en el trabajo» de estas oficinas.

Por otro lado, el responsable de Trabajo reiteró que a corto plazo no habrá un incremento de los fondos destinados a las políticas activas, pero añadió que hay «un amplio margen» para reasignar los fondos.

La propuesta del Ejecutivo es dar la vuelta al actual reparto del 60% de los fondos para la formación de ocupados y un 40% para los desempleados. De esta forma, pasará a ser un 60% para las personas sin trabajo y un 40% para la formación continua.

Para el medio y largo plazo, Gómez subrayó que las políticas activas contarán con los recursos que se liberen por el menor gasto en bonificaciones, así como por los beneficios de la activación de la política de desempleo y por la organización de un sistema de colaboración público-privada.

Por otro lado, Gómez se refirió a la reforma de la negociación colectiva. En este caso, apuntó que el Gobierno mantiene el «pleno respeto» al proceso negociador bipartito entre las organizaciones sindicales y empresariales.

Sin embargo, reiteró que «en el caso hipotético de no alcanzarse un acuerdo por todos deseado», el Gobierno «no permanecerá pasivo, sino que promoverá en el marco del diálogo social iniciativas para adoptar las reformas que estime necesarias».

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