Algunos de los Centros de Enseñanza Privada en Cuenca no han comenzado aún los cursos de formación para desempleados convenidos con el SEPECAM, durante la etapa de gobierno de José María Barreda, ante la falta de liquidez por la deuda que tiene con ellos la Junta de Castilla-La Mancha, en algunos casos desde 2009.
Así lo ha explicado a Europa Press el presidente de la Asociación de Centros de Enseñanza Privada de Cuenca, FORMA, Daniel Valeriano, quien ha indicado que están en conversaciones con la directora general de Formación del SEPECAM, Paloma Barreda, quien «está poniendo todo de su parte» para facilitar los pagos y solventar la situación.
Valeriano ha señalado que, del mismo modo, algunos otros centros se están planteando paralizar los cursos ya iniciados por no contar con el dinero que suele entregar el Gobierno regional al mes de poner en marcha el curso.
La Junta Directiva de la Asociación de Centros de Enseñanza Privada de Cuenca, señaló que la situación es «complicada porque las empresas no sólo tienen que hacer frente al coste del curso, sino que además también se les exige un aval bancario con sus correspondientes intereses».
Desde la asociación, de la que son miembros 26 centros de la provincia, señalan que tienen pendientes pagos desde el año 2009, en una situación que califican de «insostenible para su supervivencia».
El presidente ha querido dejar claro que no se trata de una medida de protesta contra el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal –son *»conscientes» de la situación económica– si no que se debe sencillamente a que no cuentan con dinero suficiente para poner en marcha o continuar con estos cursos.
Los cursos, dirigidos fundamentalmente a personas en paro y cofinanciados por el Fondo Social Europeo, tratan de dar una formación de unos cuatro meses en materias relacionadas industria, los servicios y la administración de empresas, para proporcionar a los desempleados mayores posibilidades de recolocación.
En Andalucia, FEAPS en pie de guerra
Este no es el único caso de cómo los impagos afectan a la actividad de distintas entidades. La semana pasada, la junta directiva de la confederación andaluza de organizaciones en pro de las personas con discapacidad intelectual, FEAPS-Andalucía, se encerraban en la Consejería de Empleo para reclamar el pago de los 11,5 millones que les adeuda por los programas que ejecutan los centros especiales de empleo.
