Esta red se está poniendo en marcha en virtud de la ley de reforma del mercado laboral que entró en vigor el año pasado, y supondrá un avance sobre el sistema informático de los servicios públicos que dan la base tecnológica a los procesos de comunicación con los que los servicios de intermediación laboral ofrecen unas condiciones mínimas y comunes en todo el Estado.
Así lo ha explicado Manuel Ruiz, responsable de la Subdirección General de Políticas Activas de Empleo del INEM, durante una conferencia sobre los retos de futuro para la intermediación laboral en el marco de unas jornadas nacionales de empleo organizadas por el Ayuntamiento de Granada.
El sistema informático ayudará a las agencias de colocación que trabajan con convenios con los servicios de empleo territoriales a suministrar información respecto de las peticiones que hagan los usuarios y los propios servicios públicos.
«Toda la comunicación se enmarcará dentro de lo que determinen los propios convenios», ha añadido Ruiz, quien ha explicado que en todo momento el servicio de estas nuevas agencias privadas de colocación será de «gratuidad absoluta para el usuario que solicita un puesto de trabajo», pese a que pueden ser entidades con ánimo de lucro en virtud de la nueva ley.
Las agencias que funcionen al margen de convenios con las administraciones públicas sí podrán cobrar retribuciones de las empresas en crisis con las que trabajen para recolocar a sus empleados si bien siempre tendrán que articular planes específicos y obligatorios para colectivos vulnerables en el mercado laboral.
