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Nº Parados 25/06/2018

SEPE
3335868
EPA
3796100

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La idea del gobierno vasco es que deje de ser un subsidio sin más dirigido a los colectivos con dificultades de inserción y pase a ser un revulsivo para ayudarles a encontrar trabajo. Por eso, van a iniciar un proyecto piloto en el que  sea el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) y no los ayuntamientos los que gestionen esta renta social, lo que permitirá diseñar un itinerario de inserción laboral "a medida" para cada uno de los perceptores.  

Para ello se ha firmado  en Bilbao un acuerdo de colaboración entre representantes de los ayuntamientos que cuentan con servicios de Lanbide (Amurrio, Agurain, Irun, Lasarte, Elgoibar, Erandio, Basauri y Portugalete) y la consejera de Trabajo del Gobierno Vasco, Gemma Zabaleta. Estos municipios suman 45.000 parados, el 32% de los desempleados de la comunidad autónoma, y en torno a 4.500 perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda, según ha explicado Zabaleta.



En ellos se desarrollará este programa de forma piloto para evaluar y analizar las dificultades que puedan surgir de cara a su extensión a toda la Comunidad Autónoma, con vistas, según Zabaleta, al “inmediato traspaso” de las políticas activas de empleo. La consejera se ha mostrado convencida de que la negociación con el Gobierno central en este terreno se podría cerrar “en torno al verano” y la transferencia estará culminada, “con toda seguridad, dentro de este mismo año”.

Zabaleta ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos y las diputaciones para poner en marcha este programa, ya que la ordenación actual “es compleja”, “poco ágil” a la hora de tramitar las prestaciones y “poco eficaz” para impulsar la “activación laboral” de los perceptores. Hasta ahora los tres niveles institucionales de la comunidad intervienen en el proceso: las solicitudes se presentan ante los ayuntamientos; las diputaciones las autorizan, y el gobierno las refrenda y paga.

El nuevo programa, según ha explicado la consejera, pone el acento en el compromiso del perceptor de realizar un esfuerzo para conseguir su “activación” laboral y “por eso es lógico que se gestione” a través del Servicio de Empleo. “Vamos a modificar la política de empleo que se ha hecho hasta ahora, especialmente con los colectivos de difícil inclusión. Si hasta ahora nos ocupábamos, principalmente de procurar una prestación económica a quien pasaba por un momento difícil, ahora nos vamos a preocupar y a ocupar de su inclusión activa”, ha señalado Zabaleta.

En esta misma línea, la consejera ha indicado que frente a las personas que “asumen su condición de paradas y se resignan a vivir de la prestación” se buscará el compromiso de los perceptores para “ubicarse en la senda de la inclusión”. “No queremos una sociedad subsidiada, sino activada laboralmente. Todos los ciudadanos son empleables y pueden mejorar su situación”, ha enfatizado Zabaleta.


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