Fernández apostó por impulsar paulatinamente desde las administraciones el trabajo doméstico como un empleo, especializado y profesional, con una formación homologada y con unas relaciones laborales reguladas, e incluso abogó por cambiar su denominación hacia gestión del hogar.
Según explicó el consejero, los cambios sociales acaecidos en las últimas décadas, como el aumento del número de personas en situación de dependencia o la incorporación de la mujer al trabajo, han dejado al descubierto una serie de necesidades sociales que tradicionalmente cubría la familia, y que cada vez más pasan a ser actividades mercantilizadas.
Además, estas tareas están siendo ocupadas por nuevos grupos sociales, como mujeres mayores que se incorporan al mercado laboral por la necesidad de incrementar la renta laboral o las mujeres inmigrantes. Según los últimos del SAE, el 95 por ciento de las personas demandantes de empleo en la ocupación de empleados de hogar son mujeres, y el 56 por ciento son mayores de 45 años.
El consejero consideró que el empleo doméstico puede llegar a ser «un importante pilar de la sociedad del bienestar», ya que contribuye al bienestar familiar y aporta renta y riqueza. Por tanto, abogó por marcarse como reto para las administraciones públicas la profesionalización de este oficio, a través de una formación específica y homologada y una regulación y vigilancia de las relaciones laborales.
Por su parte, la coordinadora del Área de Estudios y Análisis del Consejo Económico y Social, Reyes De Blas, destacó que la afiliación en este sector no ha bajado porque «a pesar de la aprobación de la Ley de Dependencia, no se ha creado una previsión pública para estos servicios», lo que hace que este «empleo siga siendo necesario».
Este empleo, según indicó, surgió como una solución que eligieron las familias españolas para la conciliación laboral tras la incorporación de la mujer al trabajo.
Asimismo, destacó que el perfil de trabajadores en este sector son en un 40 por ciento mujeres españolas entre 52 y 55 años, y un 60 por ciento, mujeres extranjeras, con diez años menos, y un nivel medio de estudios y llegadas desde Colombia, Ecuador, Paragua, Rumanía.
