El sindicato ELA estudia impugnar la Orden del Departamento de Empleo y Asuntos Social por la cual se destinarán 63 millones de euros para subvencionar con 1.500 euros por persona la contratación de 7.000 desempleados durante un periodo de seis meses, porque considera que «se va a financiar con dinero público la contratación temporal en fraude de ley», ya que permite «concatenar» contratos a trabajadores diferentes que realizan un actividad laboral fija.
ELA mostró su rechazo a la utilización de estas «considerables sumas de dinero público para financiar a las empresas» porque «dar subvenciones de 1.500 euros al mes por persona contratada, para financiar contrataciones supone que el Gobierno está dispuesto a pagar a las empresas los gastos que supone la contratación temporal de personal», de forma que a la patronal «le va a salir prácticamente gratis».
Tras advertir de que con estas subvenciones «no se persigue la continuidad en el trabajo de las personas contratadas, ni se generan empleos de calidad y estables», los responsables de ELA destacaron que la orden «permite subvencionar en un año la contratación para el mismo empleo de dos personas por seis meses cada una», de forma que se introducen «incentivos a la contratación temporal, que se realiza de forma ilegal».
El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz precisó que «cuando una actividad laboral es fija, la ley lo que dice es que el contrato tiene que ser estable» y remarcó que para la contratación temporal «tiene que haber causa temporal y, en este caso, se da el agravante de que la propia Administración dice que es una misma actividad y, además, la financiación va a ser para seis meses, por lo que puede ser que para esa misma actividad se concatenen dos personas».
Muñoz aseguró que los objetivos de esta orden del Departamento de Empleo son «consolidar la contratación precaria en fraude de ley y cómo se hace lo posible para hacer llegar dinero público a las empresas».
