Corbacho planteó esa necesidad en la conferencia de prensa tras la cumbre tripartita social celebrada en Bruselas, en respuesta al informe publicado hoy por la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal con el dato de ese grupo de parados.
El ministro reconoció que en Europa en general y en España en particular ha habido un incremento notable en la cifra de parados de larga duración y explicó que el grupo mayoritario está compuesto por mujeres de más de 45 años que han trabajado en algún momento.
También recordó que engrosan las cifras de ese tipo de parados muchas personas provenientes de sectores no cualificados.
«Ahí hay un problema de Europa y de España al que han de mirar las políticas que se desarrollen en el futuro como uno de los prioritarios», aseveró Corbacho, quien calificó de «muy pernicioso» que una persona sufra un desempleo de larga duración. Para él, también debe ser prioritario hacer frente al paro juvenil.
El informe, elaborado también por el Centro de Predicción Económica (CEPREDE) a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), muestra que el 68% del paro de larga duración se ha generado durante la crisis. Así, entre julio y septiembre de 2009 el número de desempleados que lleva más de un año buscando empleo aumentó en 681.400 personas, el 127,2% más, con respecto al mismo periodo de 2008.
Por colectivos, el paro de larga duración afecta más a los mayores de 45 años (40.8%), aunque el sector que más crece es el de los jóvenes, que pasan de 82.600 parados a 200.200, un 142.2%.
De este modo, los jóvenes menores de 25 años son el único target de edad que supera la media nacional de paro de larga duración. Mientras la tasa media es de 5.3%, la de los jóvenes menores de 25 años asciende a 8.7%.
Por sexos, en el tercer trimestre hubo 612.800 mujeres desempleadas de larga duración frente a 604.700 hombres, cifras que crecieron el 94,3% y el 172,8% con respecto a un año antes, respectivamente.
Por comunidades autónomas, Canarias registró la mayor tasa de paro de larga duración (9%), seguida de Andalucía (8,2%), Extremadura (7,1%) y Comunidad Valenciana (6,3%), frente a los menores porcentajes de Navarra (2%), Aragón (2,8%) y Baleares (3,1%).
