Los políticos son conscientes de la importancia que están cobrando las redes sociales en la difusión de sus mensajes y por ello, nos ha llamado la atención la iniciativa del gobierno del Reino Unido que está dispuesto a pagar 140.000 euros al año a la persona que se encargue de gestionar sus perfiles en Facebook, Myspace o Twitter.
Según publica hoy el Daily Mail, esta cantidad de dinero es menor que si tuvieran que pagar la formación de los distintos ministros para manejar estas páginas, esenciales hoy en día en la comunicación de cualquier institución, ya sea pública o privada. Más allá de la anécdota que representa esta noticia, a buen seguro podéis indagar en el mercado ya que muchas empresas o instituciones pueden estar interesadas en que alguien les lleve la gestión de su presencia en las redes sociales. Total, controlarlas no es una misión demasiado complicada y es una variante de los actuales gabinetes de prensa que se encargan de la «comunicación» tradicional.
Por volver a la propuesta del gobierno británico, el candidato adecuado debería ser capaz de «conectar con la audiencia de estos sitios online». El objetivo, a la hora de poner en marcha este puesto, es el de extender las noticias y mensajes corporativos a través de un nuevo canal de comunicación.
Sin embargo, parece que a los británicos no les parece correcto que, en plena época de recesión económina, el Ejecutivo se permita el lujo de crear un puesto de trabajo con un salario tan elevado, que incluso llega a superar el de algunos parlamentarios.
El Gobierno se ha defendido, alegando que es esencial que se conozcan y manejen adecuadamente estos canales, y que para ello se requiere de una persona familiarizada con la técnica. Aseguran, además, que pagar programas de formación para todos los miembros del ejecutivo hubiera supuesto más costes que disponer de una persona especializada en este aspecto.
Antes de tomar esta decisión, el Gobierno británico pensó en otras opciones. Así, en julio, publicaba una guía de estilo para el uso de Twitter, donde se recogían las normas que los funcionarios debían seguir a la hora de utilizar la red social.
Veinte páginas en las que se detalla la forma en que los ministros deben comunicarse a través de este canal. «La idea es dar una especie de guía para que todo el mundo que lo use lo haga con el mismo fin», dijo un portavoz.
