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Nº Parados 27/07/2017

SEPE
3362811
EPA
4255000

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El Gobierno gallego ha aprobado destinar 10,5 millones de euros para el funcionamiento de talleres de empleo en los que prevé que se beneficien 1.300 personas que recibirán un contrato de trabajo y un salario a la vez que reciben formación.  

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El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, ha explicado durante la conferencia de prensa posterior al Consello de la Xunta, que ha presidido en ausencia de Alberto Núñez Feijóo, de viaje oficial, que estas personas serán contratadas a través de las entidades locales.



Los desempleados serán los beneficiarios de esta medida, en especial, los que pertenezcan a los grupos con más dificultades de inserción laboral.

Por otra parte, la Xunta ha aprobado también una encomienda de gestión a la empresa pública Tragsa por 10 millones de euros para el refuerzo de los servicios contraincendios.

Según este acuerdo, a partir de la próxima semana se incorporarán 275 brigadas al Pladiga, que contarán con todos los recursos materiales y de formación de la Xunta.

“Seguimos desplegando el Pladiga y cumplimos con el objetivo de llegar a más de 7.000 personas, entre Xunta y Estado, luchando contra el fuego”, ha concluido Rueda.

La Xunta ha aprobado también destinar más de 2 millones de euros para que 411 nuevos auxiliares de conversación se incorporen a los centros de enseñanza gallegos durante el próximo curso, con los que habrá un 14 % más que durante el curso pasado, según Rueda.

El conselleiro ha destacado que el próximo curso se podrán implantar de forma “anticipada”, debido a la mejor situación económica de Galicia frente a otras autonomías, según ha dicho, hasta 27 títulos de FP, 23 con el currículum adaptado y otros cuatro nuevos.

El próximo curso habrá 23.623 plazas en la Formación Profesional en Galicia, unas 2.600 más que el curso anterior y sobre 4.000 más que al inicio legislatura.

En su reunión ordinaria, la Xunta también ha aprobado un convenio de colaboración con la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) mediante el cual el Gobierno autonómico podrá intervenir, “siempre que los municipios estén de acuerdo” en el proceso de selección de los agentes de la Policía Local.

 

 

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