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Nº Parados 27/07/2017

SEPE
3362811
EPA
4255000

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 El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de los más de 60 millones de euros en créditos que recibirán las comunidades autónomas para financiar la contratación de 1.500 orientadores de empleo y de otros tantos promotores para los servicios públicos de empleo. Según explica el propio gobierno, esta inversión permitirá que los orientadores continúen hasta diciembre pero los promotores de empleo finalizarán su contrato el 30 de junio.  

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El Consejo de Ministros ha aprobado dos acuerdos, uno de ellos establece que se destinen 47.614.00 euros a la contratación de 1.500 orientadores para reforzar la red de oficinas de empleo incluida en el Plan Extraordinario de orientación, formación profesional e inserción laboral.



Para los 1.500 promotores de los servicios públicos de empleo el crédito es de 23.840.250 euros.

Los criterios de distribución territorial para el ejercicio económico 2012 de ambas cantidades fueron acordados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, celebrada el pasado día 24 de mayo.

Andalucía recibirá 13,7 millones para orientadores y 6,8 millones para promotores, Aragón 1,5 millones y 781.375 euros, respectivamente; Asturias 1,7 millones y 897.750 euros; Islas Baleares 631.750 y 315.875; Canarias 1,8 millones y 931.000; Cantabria 565.250 y 282.625 y Castilla-La Mancha 2,9 millones y 1,4 millones.

Castilla y León 3,8 millones y 1,9 millones, Cataluña 4,9 millones y 2,4 millones; Comunidad Valenciana 3,9 millones y 1,9 millones; Extremadura 2,5 millones y 1,2 millones; Galicia 3,6 millones y 1,8 millones; Madrid 2,9 millones y 1,4 millones; Murcia 1,6 millones y 847.875; Navarra 698.250 y 349.125; y La Rioja 199.500 y 133.000.

Mientras que está previsto que los orientadores finalicen su trabajo el 31 de diciembre de este año, los promotores acabarán el 30 de junio por razones económicas, ha argumentado el Gobierno.

Este martes la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley de la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA y CHA) en la que se insta al Gobierno a que mantenga a los promotores hasta final de año.

 

 

 

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