El Gobierno necesita la ayuda de las comunidades autónomas para hacer frente a la nueva situación generada a raíz de la puesta en marcha de la ayuda de 420 euros. Las autonomías tienen en su poder el reparto de las rentas mínimas de inserción que, para aquellos que no cumplan los requisitos de la ayuda central, permitirá que no caigan en la marginalidad.

Además, determinadas comunidades, se adelantaron al gobierno central y presupuestaron hace meses ayudas para parados sin prestaciones ni subsidios, aunque, conviene destacar, que todas estas ayudas son incompatibles con la nueva ayuda del gobierno.

Murcia se convirtió en mayo en la primera comunidad en aprobar una ayuda de 420 euros para parados sin prestaciones. En contra de la medida del gobierno central, en este caso la ayuda tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2008. Hasta el momento, 1.400 personas se han beneficiado de esta ayuda. Por este motivo, aquellos parados que agoten el subsidio el 1 de agosto, se beneficiarán de las ayudas estatales, y las regionales quedarán reservadas para los que no cumplan los requisitos de aquellas.

Castilla y León también cuenta con una ayuda, de 421 euros, para los parados sin prestaciones. En este caso, la medida fue aprobada en junio, pero con un carácter retroactivo hasta el 1 de octubre de 2007. Castilla y León cuenta con un presupuesto de 16 millones de euros, y 1.313 personas se han beneficiado.

Por su parte, en la Comunidad de Madrid se han destinado 47.5 millones de euros al programa mixto de empleo, que incluye formación para los desempleados y prácticas en un organismo público, en el que cobran un sueldo de unos 468 euros.

En Cataluña, están estudiando flexibilizar las condiciones para acceder a la renta mínima de inserción. Hoy por hoy, esta ayuda se destina a los que tienen ingresos inferiores a 400 euros mensuales, no tiene limitación temporal ni está ligada a la condición laboral. Además, la Generalitat podría poner en marcha una ayuda similar a los 420 euros para parados sin subsidio.

En el País Vasco, si un parado agota su prestación, entran a formar parte del sistema de protección diseñado por el gobierno autonómico. Consiste en recibir una prestación conocida como renta de garantía de ingresos, que alcanza el 88% del salario mínimo interprofesional, es decir, 624 euros en 14 pagas.

En  Valencia, aquellas personas sin recursos, pueden recibir, desde 2007, una ayuda que oscila entre 373 y 603 euros al mes, siempre y cuando el beneficiario se comprometa a participar activamente en la inserción socio laboral mediante la asistencia a cursos.